Tras la repercusión de la
información difundida en adelanto por FM LIBRA 106.7 de Allen, las autoridades
de la Iglesia decidieron ‘separar’ del cargo al profesor de Filosofía y
sacerdote Gustavo Ricardo Varela.
Varela había sido acusado
mediante una nota escrita a mano el 5 de Abril, por la mamá de un alumno de nivel
Medio del Instituto Santa Catalina quien solicitó “… que la escuela le asegure, la
integridad psicológica y moral de su hijo, ante éste caso de violencia verbal y
física que un profesor ejercer ante sus alumnos”.
La mamá de un alumno de Nivel
Medio de ese establecimiento público de gestión Privada, Cecilia Estela
Carbonell. sostuvo en esa misiva que “ como padre, traslado el temor de mi
hijo de ser maltratado o apuntado con una navaja en horas de clases del docente
de filosofía”.
“También dejo constancia de
que los directivos saben de ésta situación y no toman medidas cautelares ante
éste hecho de extrema gravedad”.
“Solicito urgente, que nos
notifiquen de las causas que tiene éste docente de maltratos, para poder actuar
legalmente. La escuela tiene la obligación de informarnos las cosas que suceden
en la misma”.
Carbonell enfatizó en su nota
que dejaba “… bajo su responsabilidad cualquier hecho que surja de ahora en
adelante con éste profesor, por no tomar la precaución de excluir a éste
docente de los alumnos”.
Por último solicitó “…nuevamente
un accionar rápido dado la gravedad de la situación”.
La nota fue recibida ese mismo
día por el Vicedirector de Nivel Medio del Instituto Santa Catalina Virgen y
Martir, Daniel Vale.
Sin embargo y más allá de las
promesas realizadas desde las más altas esferas de la Iglesia en la región,
respecto de la organización de reuniones donde fueran convocados los
diferentes sectores de la comunidad educativa, la repuesta al pedido de los
padres (quienes habían denunciado que el accionar no sólo de éste profesor sino
también de otros) tenía que tener como consecuencia una medida disciplinaria
rápida y concreta para terminar con situaciones extremas, se hizo esperar.
Recién ayer INFOALLEN pudo anoticiarse
de la decisión de separar a Varela de sus funciones – sólo pudo conocerse las
referidas a su condición de profesor en las escuelas de nivel medio donde
ejercía – y no si ésta decisión de la iglesia también se hace extensiva a su
función de cura párroco.
Una situación que se conocía y que según una docente 'lleva al menos quince años'
Sorpresa es lo que genera una
captura de un chat que llegó a éste medio, en donde una profesora que también
cumple funciones desde hace décadas en escuelas públicas, Gladys Ramos.
La profesora sostiene -en ese
grupo donde hay docentes y padres de esa comunidad educativa- que “… esto se
empezó a activa bastante antes porque yo ya fui con varias inquietudes a
mediados de Febrero.
La docente sostiene en su chat
que “la corriente aumentó cuando la propia familia damnificada se involucró de
manera personal y a principios de Marzo elevó la primera nota. La semana próxima
habrá reuniones que traerán, espero, más claridad y hasta legalidad a éstas
circunstancia”.
Párrafo seguido, Ramos
sostiene que “desde hace más de 15 años los rumores se van esparciendo, hasta
que ésta situación se fue totalmente de las manos”. “Sirvió para que las voces surgieran y llegaran
hasta los adultos, aún con pedidos de hijos y más allá de los temores”.
Una de las mamás que participa
de ese grupo identificada como María Isabel sostuvo que “el maltrato no tiene
justificativo alguno en ninguna de sus formas. No existe en pedadogía, la
utilización de metodologías violentas. Es mi deseo que los superiores estén
actuando y obrando con claridad en bien de los chicos. Acuerdo que ésta
situación debe tener un fin” expresa.
Hasta el momento, desde la
Iglesia Católica que es la que tiene el control administrativo del Instituto
Santa Catalina no se informó oficialmente respecto de la situación puntual de
Varela, como así tampoco se pronunció respecto a si existen otros hechos que
involucre a otros docentes, en un período tan prolongado en el tiempo (15 años)
como define la docente Ramos.
Tampoco es de esperarse, que
por lo menos hasta el momento, se hayan realizado algún tipo de diligencias
judiciales a fines de determinar si al cura y profesor, le corresponde algún
tipo de penalidad ante su deleznable accionar.
Cabe resaltar que a diferencia
de lo que ocurrió días atrás en una escuela pública de gestión Privada de
Neuquén -donde los sueldos y programas de estudios son pagados y avalados por
los diferentes estados provinciales- el estado rionegrino a través de su
Ministerio y/o del Consejo Provincial de Educación, no tuvo ningún tipo de
participación ni llevó adelante ningún tipo de diligencias ante lo grave del hecho y más allá de que lo acontecido se hizo rápidamente de dominio público en la Ciudad.
Cabe recordar que en Neuquén
en la oportunidad donde una docente junto a otros miembros de un
establecimiento educativo de similares características al de Allen, tuvieron un
proceder más que cuestionable – en relación a un hecho donde un nene se había
hecho caca en un aula- las autoridades Educativas de la vecina Provincia
tomaron medidas directas y concretas responsabilizando incluso a la máxima
autoridad de la Escuela.
PUBLICADO EL 19-06-2018